El Gobierno de Vitoria (o vasco, o vascongado) ¿cómplice de los terroristas? (y III)

Este viernes El Correo, de Bilbao, publicó diversas noticias sobre la sistemática destrucción de expedientes judiciales relacionados con el terrorismo, que poseen un indudable valor histórico.

Pues bien, una de esas publicaciones ha sido la de un interesantísimo artículo, que también es una suerte de manifiesto, firmado por 25 notables historiadores, lo trascribimos íntegramente a continuación, rogando encarecidamente su lectura:

         “El pasado mes de marzo el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda celebraron una jornada para analizar la importancia de los archivos para la investigación del fenómeno terrorista en España. En ella diferentes especialistas discutieron sobre la localización y las condiciones de acceso a los fondos generados por las administraciones civil, militar y judicial desde 1960 a nuestros días. Carmen Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, describió cómo ha recuperado las causas judiciales sobre asesinatos, dispersas en diversos archivos. Y nos alertó de un grave problema que ha detectado durante sus trabajos de recopilación: en Euskadi se han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades terroristas.

La suerte de este tipo de documentación se regula por el Real Decreto 937/2003. La norma creó una serie de Juntas de Expurgo, de ámbito autonómico, encargadas de seleccionar los expedientes a eliminar por haber finalizado, prescrito o caducado. Ahora bien, deben conservarse permanentemente aquellos que la administración competente en materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico.

En nuestro caso el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004. Según noticias publicadas en prensa, al año siguiente ya había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo. La última orden de expurgo se publicó el pasado 14 de diciembre. Juanfer Calderín señaló en su libro ‘Agujeros del sistema’ (2015) que varios casos de sumarios habían sido destruidos en Euskadi. Destacaba la causa por el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETA en 1978, que había sido eliminada el 23 de octubre de 2008. Tal documentación es irremplazable: sin ella, la investigación histórica es casi imposible.

Desconocemos casi por completo el funcionamiento de la junta, de la que, significativamente, no forma parte ningún historiador. Aunque el Departamento de Cultura del Gobierno vasco está representado dentro del organismo, no parece que haya actuado diligentemente para impedir estas destrucciones irreparables. No tener en cuenta la relevancia de la documentación judicial parece una temeridad.

La documentación judicial es, probablemente, la más rica de las que se conservan en los archivos históricos. Su utilización es indispensable para escribir la historia de cualquier época. Si se confirma la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en Euskadi en los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa, ya que nos faltarán documentos con la que sostenerla. Por el contrario, se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas.

Con todo, lo peor de esta noticia es que, si una parte de las fuentes judiciales ha sido destruida, será imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente de Euskadi. Se habrá privado, así, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, del derecho a la verdad.

Por todo lo dicho, los historiadores firmantes reclamamos la urgente intervención de los responsables institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes judiciales, así como para elaborar un catálogo completo de la documentación indebidamente suprimida.”