Parece
que la cosa del desenlace de las elecciones del 20-D nos tiene en Babia a todos
los españoles, excepto a los que viven en la región del nordeste, o sea en
Cataluña, que sufren en silencio las hemorroides de los separatistas locales.
Así
que ha pasado bastante desapercibida la noticia de este lunes que hoy traemos a
portada: sigue el desafío independentista de los nacis regionales, y sigue el
Gobierno de la Nación cumpliendo con su obligación, es decir, utilizando los
cauces legales apropiados (de momento recurrir las decisiones no ajustadas a
derecho ante el Tribunal Constitucional), y el alto tribunal también está
cumpliendo con sus deberes, y a la noticia nos remitimos, esto es, suspendiendo
cautelarmente las decisiones inconstitucionales y dándose el plazo legal de
cinco meses para resolver mediante sentencia la cuestión de fondo.
Queda por ver como aplicará el Tribunal Constitucional
la reciente ley (¡otro acierto de Rajoy!) que amplió sus facultades a efectos
de la ejecución de sus propias resoluciones: Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la
ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del
Estado de Derecho (pinchar aquí encima para enlazar).
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